La propiedad y el control público del agua no debe esperar más.
Es necesario que se establezca la propiedad pública del agua sin excepciones, y por lo tanto, se elimine cualquier forma de propiedad privada del agua. Hay que luchar contra los privilegios que se establecieron en Canarias desde la conquista para permitir que la oligarquía local pudiera apoderarse de los recursos hídricos del archipiélago, incluidos nacientes naturales.
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